Morelia, Michoacán.- Sin precisar cifras específicas ni el global de los municipios afectados, la coordinadora estatal de Gobernación en Michoacán, María Teresa Torres Aguilar, criticó la “opacidad” que tuvo la administración estatal pasada en el ejercicio de los recursos destinados en el Programa Subsidio de Seguridad Pública para los Municipios (Subsemun).
Luego, en entrevista, se refirió a los 300 millones de pesos que no se han podido comprobar ante la Comisión Nacional del Agua, y los 600 millones de pesos que la Sagarpa ha pedido se regresen porque no fueron aplicados el año pasado. En este último tenor, indicó que todavía se podría llegar a un acuerdo con el gobierno estatal en turno.
Lo anterior, al celebrarse ayer la firma del Acuerdo de Colaboración para la Transparencia y Buen Gobierno con Corresponsabilidad para el Desarrollo Integral de Michoacán, entre una representación de delegaciones federales y la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim).
El evento se desarrolló en instalaciones de reconocido salón ubicado en la colonia Oviedo Mota, de esta ciudad capital. Ante miembros del sector empresarial, rectores de universidades y delegados federales, María Teresa Torres habló de la “opacidad” que tuvo el gobierno estatal anterior en la ejecución de recursos derivados del Subsemun.
“Tenemos algunas cuestiones de opacidad en el ejercicio que sí necesitamos saber qué está ocurriendo”, señaló, para después elogiar el perfil del nuevo secretario de Seguridad Pública en la entidad, Elías Álvarez Hernández, de quien -dijo- espera una orientación adecuada de los recursos que recibe Michoacán.
Cuestionada sobre la observación de “opacidad” que hizo durante el acto protocolario, la funcionaria federal dijo desconocer la cifra de los recursos que recibe Michoacán a través del Subsemun, pero dijo tener conocimiento de quejas de algunos municipios (tampoco precisó cuántos) porque no llegaron los recursos, la capacitación o el equipamiento convenidos.
“Hubo algunos casos muy delicados, donde decían que habían ocurrido estas cosas, (por ejemplo) La Piedad, que presentó incluso ante la administración anterior un recurso para preguntar en dónde estaban las cosas”, declaró.
Añadió que un caso similar se dio en la Secretaría de Salud, cuyos recursos son federales en su mayoría, y se modificó (también en la administración estatal pasada) el procedimiento del manejo financiero.
Es decir, que en lugar de que los fondos llegaran directamente a la Secretaría de Salud, tuvieron que depositarse en la Secretaría de Finanzas y Administración, “y ahí empezaron algunos de los conflictos por la radicación de los recursos”.
Entre otros temas que desde su perspectiva denotan poca transparencia en el manejo de los recursos, enunció la falta de comprobación del ejercicio de 300 millones de pesos ante la Comisión Nacional del Agua, lo cual implicaría para el Estado la obligación de regresarlos.
“Esos 300 se aplicaron en el ejercicio pasado, tuvimos una mesa interinstitucional el mes de diciembre, se planteó la problemática, acordamos que durante diciembre nos dirían qué paso con el recurso y hasta el momento no sabemos qué paso”, puntualizó.
Torres Aguilar estimó que a la Sagarpa se podrían regresar aproximadamente 600 millones de pesos, pero en este caso las autoridades estatales y la delegación analizan todavía algunas posibilidades para la aplicación de estos recursos. “Tenían ellos alrededor de 200 millones de pesos que se podían ejercer de manera casi inmediata, pero hay que sentarnos a platicar en cuanto a los términos y los tiempos”, agregó.
Sayra Casillas
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